El domingo 4 de diciembre Ollanta Humala declaró el estado de emergencia en Cajamarca, después de no encontrarse canales de solución entre el frente que protestó contra la minera Yanacocha y los ministros que intentaron lograr una salida intermedia al conflicto. Más allá de todo, es claro que hay dos posiciones encontradas en el conflicto. Por un lado los que critican al gobierno por haber cedido a los intereses empresariales de la minera en Cajamarca, por lo cual se argumenta que el estado de emergencia es una medida muy drástica e innecesaria. Esta posición se hace la misma pregunta cada vez que hay momentos de crisis: "¿es que acaso no había otra salida?". Por otra parte, la otra posición es representada por las bancadas parlamentarias, los empresarios y otras figuras públicas que han mostrado su apoyo a la decisión, porque se argumenta que el gobierno debe restaurar el orden público, no cediendo ante el chantaje de sectores radicales que están vulnerando el derecho de terceros en Cajamarca.
El origen del concepto de estado de emergencia (ausnahmezustand) está en el état de siège en Francia durante la revolución de 1789, estableciéndose en el decreto de la Asamblea Constituyente el 8 de julio de 1791 y en el decreto de Napoleón el 24 de diciembre de 1811. No obstante, la idea de la suspensión de la las garantías constitucionales fue introducida después en el artículo 14 de la Carta Constitucional de 1814, donde se señalaba que el soberano “hace las regulaciones y ordenanzas necesarias para la ejecución de las leyes y la seguridad del Estado” (Agamben 2005: 11). La figura actual que conocemos del "estado de emergencia" se inspira en el artículo 48 de la República de Weimar, la cual utilizó Hitler para ascender al poder:
"Si la seguridad y el orden público al interior del Reich son severamente dañados o están en peligro, el presidente del Reich podrá tomar las medidas necesarias que lleven a restablecer el orden, interviniendo con la asistencia de las fuerzas armadas, de ser necesario. Para este propósito, podrá suspende temporalmente, totalmente o en parte, los derechos fundamentales proveídos en los artículos 114, 115, 117, 118, 123, 124 y 153".
Sobre el estado de emergencia hay dos tradiciones antagónicas: la realista y la liberal. Para la primera el estado de emergencia es un medio político por el cual el Estado impone su autoridad y su legitimidad política. Por lo tanto, la legitimidad se fundamenta en la capacidad estatal para imponer orden, paz y seguridad en su territorio. La segunda, en cambio, plantea que la legitimidad no se basa en esta capacidad, sino en el respeto a las libertades políticas y civiles. El poder político que va contra los individuos no es legítimo en ninguna de sus formas, decían los federalistas norteamericanos y John Stuart Mill.
La reflexión teórica sobre el estado de emergencia se inició con la aparición del Estado moderno, considerándose un presupuesto esencial de su legitimidad. Jean Bodin decía que el Estado que no garantiza el orden, la paz y la seguridad no es legítimo: "el príncipe sólo está obligado frente a su pueblo y los estamentos cuando el interés del pueblo exige cumplimiento de la promesa, pero no lo está si la necesidad es urgente”. Este punto es fundamental porque en la teoría política aparece una tradición política "realista" que se inspira en Maquiavelo, Hobbes y Bodin para afirmar que el Estado tiene que hacer las regulaciones necesarias para mantener su autoridad como institución que tiene el "monopolio legítimo de la violencia sobre el territorio". Por esa razón, para el realismo político la restauración de la autoridad y el orden es fundamental para la existencia del Estado en sí mismo.
El liberalismo político responde a este postulado después del s. XVI, principalmente con John Locke que señalaba que el estado de emergencia debía enmarcarse dentro de un contexto de respeto a la ley y los derechos del individuo. Así, el Estado puede declarar la emergencia pero no puede ir contra los derechos fundamentales de los individuos. Estos principios, se constituyeron en el “corazón” de la ética liberal sobre las situaciones de emergencia. Por esa razón las constituciones liberales contemplan entre sus artículos la figura del estado constitucional de excepción, que es llamado ahora "el estado de emergencia". Por ejemplo, en la Constitución peruana de 1993 se señala lo siguiente:
"Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. En esta eventualidad, puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo. En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie. El plazo del estado de emergencia no excede de sesenta días. Su prórroga requiere nuevo decreto. En estado de emergencia las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el Presidente de la República".
Para concluir, hay un punto fundamental en el cual están de acuerdo tanto la tradición realista y liberal sobre el estado de emergencia. Ambos reconocen que esta sólo debe ser usada cuando el Estado está en retroceso porque la situación es límite. Sin embargo, el gobierno de Ollanta Humala ha usado el estado de emergencia a pocos 4 meses de su mandato, lo cual muestra una serie de características del actual gobierno. Primero, que no existe una estrategia para enfrentar los conflictos sociales, por lo cual el estado de emergencia es a todas luces un intento desesperado de recuperar la autoridad perdida. Segundo, que el gobierno se está dando cuenta de las limitaciones propias del diálogo con grupos alzados y que se rehúsan a ceder. En ese sentido, una cosa es el discurso de “querer dialogar” y otro el de “querer gobernar”. Finalmente, los hechos en Cajamarca nos muestran que la teoría de Samuel Huntington sobre la modernización está vigente en el Perú. Hay un crecimiento económico, hay un incremento de las expectativas, y por tanto hay más insatisfacción por la ineficaz redistribución. Si esto se traduce en una mayor movilización y protesta, el estado puede seguir dos caminos: reprime más o colapsa por inanición.
En este último escenario, el gobierno tendrá que enfrentar más conflictos sociales y, probablemente, tendrá que usar cada vez más el estado de emergencia en el territorio, porque al parecer hasta ahora esa es su única "estrategia". Si en caso no lo hiciera y los conflictos siguen rebrotando y radicalizándose en la costa norte peruana, podríamos esperar una fuerte crisis gubernamental, que podría ser azuzada por un escándalo de corrupción o una movilización mucho más fuerte que el "Baguazo". Ollanta Humala está conociendo recién lo que es gobernar. Así que tiene que definir por dónde y con quién va a caminar. Pero hay un camino que ya está trazado: el camino del Estado, que siempre es el de imponer el orden, la paz y la seguridad. Humala lo sabe, como buen militar.
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